El programa Patria Grande tiene como pilar la intervención directa en la toma de las inscripciones a tres organismos sociales: las provincias, los municipios y las organizaciones sociales, que los remiten a la Dirección Nacional de Migraciones.
Es provechoso comenzar trayendo a esta presentación declaraciones del economista y sociólogo Bernardo Kliksberg cuando, en una entrevista, le preguntaron qué determina que una sociedad sea mejor que otra.
“Para determinarlo se utiliza el Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU, que revela desde los índices de mortalidad infantil hasta los grados de libertad y desarrollo de una cultura”, respondió. El sociólogo fue consultado sobre cómo hicieron estas sociedades para ser lo que son. Y respondió: “Son sociedades que cultivan sistemáticamente los valores éticos a nivel nacional, social, familiar y personal. Son muy exigentes con la moral de sus dirigentes, con la responsabilidad social de sus empresarios y con las contribuciones que tiene que hacer la sociedad civil a través de voluntariados. Ese código de ética no llueve, se construye a diario”.
Estoy convencido de que estos conceptos vertidos por Kliksberg son indispensables para comprender nuestra realidad en estos temas y sentar las bases para construir una sociedad mejor, equilibrada y equitativa.
La experiencia de la Argentina, en protección de los migrantes, ha demostrado que las medidas migratorias de carácter restrictivo no aportan soluciones sino que, por el contrario, la construcción de barreras legales sólo genera irregularidad, pérdidas de vidas humanas y hace más lucrativa la tarea de los traficantes.
En este marco, nuestro país ha señalado en diversos foros internacionales que estima fundamental que se respeten los derechos humanos de los migrantes, sin importar su condición, y que resulta necesario que los Estados tomen medidas efectivas para propiciar su integración en el país de destino, eliminando cualquier forma de discriminación, xenofobia o racismo.
En este contexto, nuestro país ha ratificado en febrero de 2007 la convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.
Las Argentina considera que la legalidad es la base de toda sociedad democrática, y es indispensable para que el extranjero logre su integración plena a la sociedad que lo recibe. Es por ello por lo que se han diseñado mecanismos de fácil acceso a la regularidad migratoria, que posibilitan la identificación y blanqueo de quienes se encuentran en nuestro territorio.
Por su parte, nuestro país entiende que en el diseño de las políticas tendientes a contrarrestar la migración irregular debe tenerse especialmente en cuenta la necesidad de identificar a aquellas personas que han salido de sus países porque requieren protección internacional y garantizarles el acceso al territorio y a procedimientos de asilo eficientes, respetando el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados.
Tal como fuera expresado durante la presentación oral del informe argentino, en agosto de 2004, la República Argentina ha plasmado este nuevo paradigma en el espíritu de su política migratoria, tanto en las disposiciones de la nueva Ley Nacional de Migraciones (Ley Nº 25.871), vigente en nuestro país desde enero de 2004, así como en sus programas de regularización migratoria. El trabajo de la implementación se está desarrollando bajo la premisa del respeto al principio de igualdad en el goce de los derechos que son inherentes a las personas por su calidad de seres humanos y no por su nacionalidad, y en esa óptica se pretende ser cuidadosos para no caer en situaciones de discriminación inversa, es decir, no crear un trato desigual en el cual los perjudicados sean los nacionales.
Por ello, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones han adoptado, desde hace un tiempo, una serie de medidas tendientes a no desvirtuar el espíritu de la ley. En lo concerniente a la política migratoria en el contexto del Mercosur, la Argentina parte de nuestra realidad entre el Mercosur y sus Estados asociados.
Por eso, la Argentina, sin esperar ni exigir reciprocidad, puso en marcha el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria llamado Patria Grande, que ha permitido, desde el 17 de abril de 2006 hasta el 17 de octubre de 2008, el acceso a la residencia legal de 609.839 migrantes.
El programa tiene como pilar fundamental la intervención directa en la toma de las inscripciones a tres organismos sociales: las provincias, los municipios y las organizaciones sociales, que los remiten a la Dirección Nacional de Migraciones. El programa no es una amnistía, no tiene una vigencia acotada; aspira a crear una política de Estado y regirá, de ahora en más, para los nacionales de países del Mercosur que se encuentren en territorio argentino y para aquellos que ingresen en el futuro, otorgando incluso la posibilidad de hacer la tramitación en nuestros consulados del país de origen del peticionante e ingresar en el territorio argentino ya con su residencia acordada. El solicitante sólo debe acreditar ser nacional de un país integrante del Mercosur o Estados asociados y carecer de antecedentes penales. Como contrapartida, recibe una residencia temporaria de dos años para lograr luego la residencia permanente.
Es indiscutible que desde 2004 hasta la fecha ha habido más adelantos en la materia que en los veinte años que duró la Ley de Migraciones que heredamos de la dictadura y que los gobiernos que siguieron poco hicieron para cambiar.
Claro está que esto no significa que hayamos solucionado todo lo concerniente a este tema, pero considero que vamos por el buen camino. Hay que seguir trabajando.
Guillermo Llanes
